por Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC)
Hoy en medio de la crisis humanitaria que se presenta en el municipio de Tarazá, por el desplazamiento forzado por las fumigaciones con glifosato en el Bajo Cauca y nudo de Paramillo, tres mil campesinos desplazados de Tarazá, Valdivia y Santa Rita Ituango, realizamos un cabildo abierto popular sobre la actual problemática del desplazamiento campesino, en el marco de las definiciones de la Proclama Patriótica de Julio de 2010 definiendo:
Articulo primero: Ratificar las exigencias estipuladas al estado colombiano para solucionar este desplazamiento forzado y generar las condiciones de retorno de los campesinos en desplazamiento forzado a su territorio:
- El cese inmediato de las fumigaciones aéreas en el Bajo Cauca antioqueño y nudo de Paramillo. Lo que no significa que nos oponemos a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, sólo insistimos en que no sean realizadas por medios contaminantes del medio ambiente.
- La reparación inmediata por perdidas de cultivos lícitos y proyectos productivos que el mismo Estado ha brindado a los campesinos para la sustitución, los cuales han sido afectados por estas fumigaciones.
- Garantías en derechos humanos para los campesinos desplazados por las fumigaciones con glifosato y sus dirigentes.
- Inversión y proyectos productivos para sustituir los cultivos de uso ilícito concertados con la comunidad por medio de la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (Asocbac), que garanticen su autonomía y soberanía alimentaria.
- Se establezca una mesa de veeduría y seguimiento a los acuerdos a los que posiblemente se lleguen, compuesta por el Estado, la Asocbac, la Procuraduría Agraria y Ambiental, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría Departamental, el Incoder, Acnur, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
Además que el estado colombiano, de forma inmediata, cumpla lo contemplado en materia de ayuda humanitaria y atención de emergencia a población en situación de desplazamiento forzado, contenido en la ley 387 de 1997, en la sentencia T 025 sobre estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado en Colombia y sus respectivos autos de seguimiento. Ya que a tres días de estar desplazados es mínima o casi nula la ayuda recibida comparada con la cantidad de desplazados fruto de esta coyuntura, existentes en el coliseo y municipio de Tarazá, a la hora de hacer este comunicado, tres mil desplazados forzados por las fumigaciones con glifosato.
Definimos no volver a aceptar diálogo alguno, ni aceptar en reuniones de junta de acción comunal o veredal alguna que cuente con presencia de la Fuerza Pública o con sus organismos de seguridad. Como población civil, sólo reconocemos como interlocutor valido a las autoridades civiles del estado colombiano.
Sumado a solicitar a la senadora Piedad Córdoba, al representante a la Cámara y miembro de la Comisión de Tierras del Congreso de la República Iván Cepeda y al representante indígena Hernando Hernández, el senador Jorge Robledo y la senadora de la comisión de paz del congreso Gloria Inés Ramírez, conformar una comisión facilitadora y de acercamiento entre nosotros y el Gobierno Nacional, para solucionar lo más pronto posible las causas que dan origen a este desplazamiento forzado. Una vez solucionado, hacer parte de la mesa de veeduría y seguimiento de lo que se pacte. Incluyendo las reivindicaciones de los mineros de nuestros territorio.
Nos declaramos en cabildo abierto popular permanente de los campesinos del Bajo Cauca y Nudo de Paramillo, hasta que se solucionen las causas que ocasionaron este desplazamiento forzado anteriormente expuestas.
Como poder cabildante popular legitimo constituimos un consejo de cabildantes compuesto por dos campesinos desplazados forzados de Santa Rita Ituango, dos de Tarazá, dos de Valdivia. Para llevar la vocería y las conversaciones con las autoridades civiles del Gobierno Nacional.
Fundar la Federación Campesina de Antioquia, Córdoba y Chocó. En vías de ampliar la lucha por los derechos del campesinado y las comunidades autóctonas a la vida, la libertad, la tierra y el territorio.
Participar masivamente en nuestros territorios y en escenarios nacionales en las convocatorias como el Primero de Mayo, reivindicando como campesinos nuestro derecho al trabajo y a la tierra para quien la trabaja.
Por último rechazamos y denunciamos la actitud hostil y de señalamientos presentada en horas de la tarde en la alcaldía de Tarazá cuando pretendíamos asistir a una reunión con los alcaldes de Santa Rita y Tarazá y fuimos acosados y hostigados por miembros de la Fuerza Pública, general Pinto comandante de la Séptima División del Ejército y coronel Ríos del Ejército Nacional, quienes al enterarse de la disposición de nuestras comunidades a no sentarse en mesa alguna con Fuerza Pública agredieron y señalaron a nuestros cabildantes y voceros de ser milicianos de las FARC y de ser criminales de lesa humanidad, que podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional por el delito de desplazamiento forzado, lo cual nos parece una clara agresión psicológica y estigmatización por parte de oficiales de alto rango del Ejército Nacional que pone en grave peligro la seguridad e integridad personal como la vida de nuestros voceros.
Exigimos que la Procuraduría General de la Nación comience una investigación oficiosa contra estos dos altos mandos por violación sistemática a los derechos humanos, infracciones continuadas y generalizadas al principio de distinción contemplado en el derecho internacional humanitario, que constituyen crímenes de guerra.
Tomado de:
CONAP.
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